Un sistema normativo saludable debe ser armónico legislativamente hablando, debe conllevar a un balance o equilibrio entre el conjunto de sus reglas, su capacidad de anticipar las demandas sociales, el grado de impacto de aquel en la actividad de la comunidad y las condiciones imperantes en el medio social al tiempo de su vigencia.
En el caso del Perú ha sido una constante el crecimiento excesivo de un número de leyes, esencialmente desde una óptica imperada por la ocurrencia de hechos que finalmente obligan a regular de forma específica, creando para ello una descodificación o una regulación atomizada o particularizada, desvirtuando el sentido generalista que por naturaleza debiera tener la ley.
El ciudadano de a pie, cada vez observa con desdén como es que día a día aparecen normas y mas regulaciones, entrampando muchas veces los procedimientos y posibilitando en muchos casos el vació normativo, por una inflación legislativa que es incontrolable, en el peor de los casos una incertidumbre jurídica que conlleva a crear una inestabilidad normativa y por ende procesal.
Siendo que la descentralización y sus bondades como política de estado tendiente según se dice a posibilitar el acceso a oportunidades a las poblaciones más alejadas. Ha incrementado enormemente el volumen legislativo la cual no es ajena a estos fenómenos, con la aparición de un proceso de descentralización en marcha, el fortalecimiento de las competencias de los gobiernos regionales, el fortalecimiento de los gobiernos locales, los centros poblados, han devenido en abundante normatividad, sin que ello vaya de la mano con la eficacia normativa requerida, generando muchas veces en una superposición de competencias,
Un mal ejemplo de ello es la frase derogase todo lo que se oponga a la presente, la cual deviene en un uso inadecuado de la técnica legislativa que no clarifica, muy por el contrario conlleva a desarrollar una maraña legislativa y por ende una atomización del marco legal.
Es por ello pertinente recordar la frase del Cardenal De Retz, que era muy del gusto del General De Gaulle y que decía “las leyes desarmadas caerán en el desprecio”.
El principio de la certeza del derecho, se nutre de la transparencia y el acceso a la información de los operadores jurídicos y finalmente de los usuarios del derecho a efecto de obtener reconocimiento y la formalidad exigida por la ley a cada uno de los actos aspirados.
Es por ello que la solución se orienta el desarrollo de un trabajo de revisión, recopilación, ordenamiento y análisis, que permita agrupar y ordenar lo vigente, removiendo los desechos normativos; detallando las colisiones, y señalar la validez y complejidades del corpus o sistema normativo.
Lamentablemente siendo una realidad que aqueja a nuestro ordenamiento nacional no se ha dado a conocer propuestas que aspiren a solucionar la inflación legislativa.
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