miércoles, 18 de marzo de 2009

LAS POLITICAS PÚBLICAS Y SU IMPACTO EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO

Juan Arana 
Abogado Especialista en Derecho Público
Es evidente la trascendencia de las políticas públicas en nuestros días ya no es un termino propios de los gurus de la denominada nueva administración pública, políticas públicas tiene una primacía de los Estados Unidos, desde la década del 60 se hablan de políticas, la concepción de política en nuestro idioma que difiere sustancialmente en lo señalado en la lengua de habla inglesa, que en sus variantes se distingue entre politic and policy.

Es interesante los señalado por DYE respecto a la definición de política y particularmente lo que el Estado hace y no hace en el marco de las mismas, por tanto lo que deja de hacerse de parte del Estado constituye una política como tal, es claro que el Estado ha dejado de participar en diversos ámbitos, constituyendo por ejemplo ello una oportunidad para las inversiones y la promoción de las mismas en actividades que son más acordes para las actividades empresariales privadas.

En lo que respecta a los estudios de implementación es muy resaltante y actual la complejidad de una política pública en cuanto a su implementación, tomando plenamente lo señalado por Wildasky en cuanto a que mayores son los problemas que se intenta resolver, mayores son las probabilidades de que la solución acabe interfiriendo con otras políticas es decir por procurar una solución se puede empeorar el entorno que se pretende corregir.

El estudio de las políticas públicas implica que hacen los gobiernos porque y como, pero sobretodo conocer que consecuencias o que impactos van a tener. En ello finalmente es lo que se conoce como producto va a determinar la calidad de la política es por ella su medición y evaluación es un desafío

Los indicadores consecuentemente determinarán que impactos se producen es un tema muy interesante que se aspira a comprender a profundidad, como imbuirse de la información necesaria sobre todo para los evaluadores de las políticas públicas, para su implementación, modulación y ciclo de vida.

Los actores, que es la parte determinante, que van a posibilitar la formalización e implementación como tal de la política pública, se va amalgamando en el avance de un consenso, cuando un partido de gobierno no ha logrado imponer la política propuesta por el buró gubernamental, dígase los funcionarios del poder ejecutivo o el poder político, por decirlo en nuestra realidad, es interesante saber en nuestra realidad se trata de los denominados grupos de interés y los lobby se dan de una forma coetánea al Estado.

Es correcto decir que alrededor de los determinantes de las políticas se entrelazan una serie de redes que, relacionados con algunos sectores, documentos de trabajo, asociaciones corporativas, constituye parte de la negociación política gubernamental y se integra a la agenda política.

Como es el caso de la implementación de la Ley de Carrera Pública Magisterial, que requirió de esfuerzos puntuales en el Presupuesto Público, es decir mayores asignaciones presupuestarias, políticas a favor de reubicación de docentes que no hayan aprobado el proceso de evaluación, la condición de los nombramientos, es decir es una política de corte transversal que interseca otras políticas.

En nuestro país se ve frecuentemente las interacciones es decir las imágenes policéntricas, este modelo de la Policy Making, ha devenido en la actualidad, ya que en nuestra legislación existe la denominada gestión de intereses, y esa metáfora denominada como triangulo de hierro, respecto a la policy making americana, donde por ejemplo los comité de los empresarios, desarrollan una relación donde determinan cuotas para los políticos a favor que se direcciones su apoyo a una determinada decisión como consecuencia de un acuerdo para determinar unas asignaciones en dinero para financiar sus campañas o determinadas acciones que deseen financiar, donde existe beneficios comunes, y obviamente una gestión de intereses a todo nivel y de todo tipo.

Es así que la política pública como tal tiene un ciclo de vida y ahí se puede diseñar incrustaciones a una política publica hasta desvirtuarla y degenerarla por ello es importante establecer mecanismos de transparencia y limitar la gestión de intereses, como así lo ha demostrado en el viraje de la política norteamericana del actual Presidente Obama.

En conclusión es de mucha responsabilidad el implementar políticas públicas, donde el policy análysis es fundamental, donde los actores y en el marco de la policy making y en este caso el legislador tiene un papel determinante en el proceso de implementación, es decir otorgar la formalidad necesaria o en otros casos proponerla, siendo que se advierte de parte de los entes proponentes, no existe una apertura de información, que posibilitaría que el legislador comprenda la metodología a implementarse en esa política propuesta. Como es y como se va a implementar, que adaptaciones requiere, su determinación. Entiéndase que en nuestro ordenamiento jurídico nacional no solo el parlamento tiene potestad legislativa, sino también el poder ejecutivo como es el caso de los decretos de urgencia, los decretos supremos, la delegación de facultades, la implementación de los acuerdos comerciales.
Los clásicos de las políticas públicas trascienden hasta nuestros días, por ello es concluyente que el papel de los actores y su prevalencia van a determinar la calidad de las políticas públicas a implementarse por ende sus impactos y su análisis es de suma importancia para monitorear las políticas y en un proceso de feedback corregir y modelar las mismas y corregir las fallas del sistema o fallas de gobierno.

miércoles, 4 de marzo de 2009

El Sistema Normativo Peruano: El crecimiento excesivo de las leyes



Un sistema normativo saludable debe ser armónico legislativamente hablando, debe conllevar a un balance o equilibrio entre el conjunto de sus reglas, su capacidad de anticipar las demandas sociales, el grado de impacto de aquel en la actividad de la comunidad y las condiciones imperantes en el medio social al tiempo de su vigencia.

En el caso del Perú ha sido una constante el crecimiento excesivo de un número de leyes, esencialmente desde una óptica imperada por la ocurrencia de hechos que finalmente obligan a regular de forma específica, creando para ello una descodificación o una regulación atomizada o particularizada, desvirtuando el sentido generalista que por naturaleza debiera tener la ley.

El ciudadano de a pie, cada vez observa con desdén como es que día a día aparecen normas y mas regulaciones, entrampando muchas veces los procedimientos y posibilitando en muchos casos el vació normativo, por una inflación legislativa que es incontrolable, en el peor de los casos una incertidumbre jurídica que conlleva a crear una inestabilidad normativa y por ende procesal.

Siendo que la descentralización y sus bondades como política de estado tendiente según se dice a posibilitar el acceso a oportunidades a las poblaciones más alejadas. Ha incrementado enormemente el volumen legislativo la cual no es ajena a estos fenómenos, con la aparición de un proceso de descentralización en marcha, el fortalecimiento de las competencias de los gobiernos regionales, el fortalecimiento de los gobiernos locales, los centros poblados, han devenido en abundante normatividad, sin que ello vaya de la mano con la eficacia normativa requerida, generando muchas veces en una superposición de competencias,

Un mal ejemplo de ello es la frase derogase todo lo que se oponga a la presente, la cual deviene en un uso inadecuado de la técnica legislativa que no clarifica, muy por el contrario conlleva a desarrollar una maraña legislativa y por ende una atomización del marco legal.
Es por ello pertinente recordar la frase del Cardenal De Retz, que era muy del gusto del General De Gaulle y que decía “las leyes desarmadas caerán en el desprecio”.

El principio de la certeza del derecho, se nutre de la transparencia y el acceso a la información de los operadores jurídicos y finalmente de los usuarios del derecho a efecto de obtener reconocimiento y la formalidad exigida por la ley a cada uno de los actos aspirados.

Es por ello que la solución se orienta el desarrollo de un trabajo de revisión, recopilación, ordenamiento y análisis, que permita agrupar y ordenar lo vigente, removiendo los desechos normativos; detallando las colisiones, y señalar la validez y complejidades del corpus o sistema normativo.

Lamentablemente siendo una realidad que aqueja a nuestro ordenamiento nacional no se ha dado a conocer propuestas que aspiren a solucionar la inflación legislativa.

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