inmuebles e impuestos en el Perú

Las personas naturales o jurídicas pueden adquirir, construir o mandar a construir inmuebles (para usar o vender) para efectos explicativos desarrollaremos algunos supuestos en los que puedan afectarse con impuestos para otorgar una orientación.

1. IMPUESTO A LA RENTA.



PERSONAS NATURALES



Conforme señala la Ley Nº 29308 y el Decreto Legislativo N° 972 las ganancias de capital (rentas de primera y segunda categoría como: alquileres, venta de inmuebles, ingresos por regalías, marcas, patentes, etc.) que perciban las personas naturales estarán gravadas con el 6.25 por ciento de la renta neta, esto es, con una tasa efectiva del cinco por ciento. De este modo, ya no se aplicará la escala del 15, 21 y 30 por ciento que sólo regirá para las rentas del trabajo (cuarta y quinta categoría).



Sin embargo, a partir de la tercera venta de inmuebles realizada por personas naturales habituales, se aplicará la tasa del 30 por ciento por considerarse renta de tercera categoría. Lo que implica que en el supuesto de que una persona natural sea propietaria de 5 inmuebles y que consecuentemente los transfiera será considerado como habitual y la tasa a aplicarse a éstas sería del 30%.



PERSONAS JURIDICAS

Se aplicará la tasa del 30 % ya que las empresas están sujetas a esta tasa.



2. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS



El artículo 1 de la Ley del Impuesto General a las Ventas establece que están gravados con el IGV los contratos de construcción y la primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos.



Respecto de los contratos de construcción:


Están gravados los contratos de construcción que se ejecuten en el territorio nacional, cualquiera sea su denominación, sujeto que lo realice, lugar de celebración del contrato o de percepción de los ingresos.

Se entiende como construcción las actividades clasificadas como construcción en la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) de las Naciones Unidas.


Respecto de la primera venta que realizan los constructores del inmueble:


Cualquier persona que se dedique en forma habitual a la venta de inmuebles construidos totalmente por ella o que hayan sido construidos total o parcialmente por un tercero para ella.



Para este efecto se entenderá que el inmueble ha sido construido parcialmente por un tercero cuando este último construya alguna parte del inmueble y/o asuma cualquiera de los componentes del valor agregado de la construcción.

Asimismo, se presume la habitualidad, cuando el enajenante realice la venta de, por lo menos, dos inmuebles dentro de un período de doce meses, debiéndose aplicar a partir de la segunda transferencia del inmueble. De realizarse en un solo contrato la venta de dos o más inmuebles, se entenderá que la primera transferencia es la del inmueble de menor valor.

No se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior y siempre se encontrará gravada con el Impuesto, la transferencia de inmuebles que hubieran sido mandados a edificar o edificados, total o parcialmente, para efecto de su enajenación.



Asimismo, también estará gravada con el impuesto, la posterior venta del inmueble que realicen las empresas vinculadas con el constructor, cuando el inmueble haya sido adquirido directamente de éste o de empresas vinculadas económicamente con el mismo y siempre que el precio de venta sea inferior al valor de mercado.


Al respecto, se entenderá como valor de mercado al que normalmente se obtiene en las operaciones onerosas que el constructor o la empresa realizan con terceros no vinculados, o el valor de tasación, el que resulte mayor.



Para efecto de establecer la vinculación económica se debe considerar:

• Si la empresa posea más del 30% del capital de otra empresa, directamente o por intermedio de una tercera;

• Si más del 30% del capital de dos (2) o más empresas pertenezcan a una misma persona, directa o indirectamente;

• En cualesquiera de los casos anteriores, cuando la indicada proporción del capital, pertenezca a cónyuges entre sí o a personas vinculadas hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad;

• El capital de dos (2) o más empresas pertenezcan, en más del 30%, a socios comunes de dichas empresas;

• Si por Reglamento se establezcan otros casos.


También se considera como primera venta la que se efectúe con posterioridad a la reorganización o traspaso de empresas.


Cabe mencionar, respecto a la habitualidad, que la Ley y el Reglamento establecen los criterios que deben seguirse para considerar a una persona como constructor habitual y de ser el caso gravar con el impuesto. En cuanto a la calificación de habitualidad solo operará respecto de las personas naturales, ya que las operaciones que realicen las personas jurídicas siempre se considerarán gravadas con el IGV.


En consecuencia, el constructor puede ser cualquier persona, sea esta natural o jurídica, y solo en el caso de tratarse de una persona natural, se deberá aplicarse las reglas de habitualidad. Por lo tanto la calificación del constructor no depende del objeto social de la empresa, sino basta que éste se dedique en forma habitual a la venta de inmuebles.


3. RESPECTO DE LA DECLARACION DE PREDIOS.


Los propietarios de dos o más inmuebles, cuyo valor acumulado supere los 150 mil nuevos soles, según autoavalúo emitido por la municipalidad del distrito de residencia, están obligados a presentar la Declaración de Predios ante la SUNAT.



También deben cumplir con esta obligación los dueños de, por lo menos, dos predios cedidos para alguna actividad económica.


Cabe precisar que los ciudadanos y contribuyentes que cumplan con estos requisitos, deben presentar sus declaraciones, a través de Internet, cumpliendo oportunamente con sus obligaciones tributarias.


Finalmente, no están obligados a presentar esta declaración, aquellos ciudadanos que tengan hasta tres predios, siempre y cuando los mismos estén destinados uno a vivienda, otro a cochera y el tercero a depósito y, se encuentren ubicados en una misma edificación.

Soslegal Abogados Anuncia su programa de Televisión por Internet CAMINANDO DERECHO

En la búsqueda de la  difusión de los derechos a la comunidad, estudiantes de derecho, abogados y público en general  semanalmente se transmite el programa de Televisión Caminando Derecho, el primer programa emitido por  Internet, a través de Media Peru Televisión

 

Historia

Somos una firma legal de corte jurídico, legal y legislativo orientada a satisfacer las necesidades de la comunidad, las empresas, instituciones públicas y privadas, de una manera integral , eficaz y estratégica.

Contamos con un equipo multidisciplinario de profesionales, economistas, contadores y abogados expertos, seleccionados, de las diversas ramas del derecho, cuyo objetivo es desarrollar estrategias orientadas a la protección jurídica, prevención de riesgos y obtención de resultados, desarrollando valores de compromiso fiel, confidencialidad y efectividad hasta la plena satisfacción de sus expectativas y la protección de sus legítimos intereses.

La firma fue fundado por Juan Francisco Arana Chalco, abogado, arbitro, asesor parlamentario y docente universitario.

Jurisprudencia en proceso de Indemnización por daños en accidentes de transito

Juan Arana 
Abogado

Área de Inversión, Finanzas y Empresarial
Socio Director Soslegal Abogados

El principio de unidad del Estado y la autonomía municipal



Se reitera cuestiones relativas al principio de unidad del Estado y la autonomía municipal desarrolladas en anterior jurisprudencia constitucional. En ese sentido, se señala que el principio de unidad del Estado se encuentra consagrado en los artículos 43º y 189º de la Constitución Política. Sobre la autonomía municipal, se manifiesta que a través de ésta se garantiza a los gobiernos locales que puedan desenvolverse con plena libertad en dichos ámbitos, esto es, se garantiza que los gobiernos locales, en los asuntos administrativos, económicos y políticos que constitucionalmente les atañen, ejerzan las potestades necesarias para garantizar su autogobierno, siempre que lo hagan respetando el orden jurídico.



La garantía institucional de la autonomía municipal no puede contraponerse, en ningún caso, al principio de unidad del Estado, porque si bien este otorga sentido a sub ordenamientos que no deben encontrarse en contraposición con el ordenamiento general, éstos resultan necesarios para obtener la integración política de las comunidades locales del Estado.



La responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito



En nuestro ordenamiento jurídico existen dos criterios de responsabilidad civil (subjetiva y objetiva) bajo los cuales toda acción o conducta que genera daños y perjuicios, dependiendo de la existencia de una obligación o sin ella, así como del cumplimiento de cada uno de los elementos de la responsabilidad civil (antijuricidad, daño causado, relación de causalidad y factores de atribución), trae como consecuencia el resarcimiento indemnizatorio a favor de la víctima, por lo que sólo bajo estos criterios se desarrollan fórmulas indemnizatorias.



El Tribunal Constitucional estima que el artículo 29º de la Ley N.º 27181, que establece que la responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito causados por vehículos automotores es objetiva, conforme al Código Civil, no resulta inconstitucional toda vez que, por un lado, la Constitución no ha reservado a favor de las municipalidades la facultad de establecer un sistema de responsabilidad civil por accidentes de tránsito; y, por otro, en nuestro ordenamiento jurídico subsisten dos criterios de responsabilidad civil -objetivo y subjetivo- bajo los cuales se genera el resarcimiento de los daños ocasionados, siendo incluso que de no haberse efectuado dicha mención en el cuestionado artículo 29º, y por el sólo hecho de encontrarnos frente al uso de un bien riesgoso (vehículos automotores), opera en forma automática el criterio de responsabilidad objetiva consagrado en el artículo 1970º del Código Civil frente al perjudicado, a fin de lograr el resarcimiento correspondiente de acuerdo al daño causado.



El Sistema de Seguros Obligatorios



Los sistemas de seguros obligatorios se orientan a asegurar que la víctima perciba la indemnización que le corresponde por los daños ocasionados, por lo que cumple una finalidad de carácter social. El seguro obligatorio puede ser entendido, sea como un régimen general que cubre todo tipo de accidentes personales, sea como un régimen que comprende riesgos específicos.



En nuestro país, los seguros obligatorios se constituyen en normas de aplicación y resarcimiento inmediato dependiendo de las formas de pago como se ejecuten



Los seguros obligatorios como fórmulas legislativas en materia de responsabilidad extracontractual vienen a ser mecanismos preventivos frente a la producción de daños y perjuicios previstos por las normas correspondientes, y que resultan eficientes frente al resarcimiento inmediato -total o parcial- de los mismos.



El SOAT y la libre iniciativa privada, la libertad de empresa y la libertad de contratar



Siguiendo la línea jurisprudencial establecida por el Tribunal y con la finalidad de pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de la norma cuestionada, se reitera lo expuesto en anteriores pronunciamientos respecto de los derechos a la libre iniciativa privada, a la libertad de empresa y a la libertad de contratación.



Así, se precisa que otro principio que informa a la totalidad del modelo económico es el de la libre iniciativa privada, prescrito en el artículo 58º de la Constitución y que se encuentra directamente conectado con lo establecido en el inciso 17) del artículo 2º del mismo texto, el cual consagra el derecho fundamental de toda persona a participar, ya sea en forma individual o asociada, en la vida económica de la Nación. De ello se colige que toda persona natural o jurídica tiene derecho a emprender y desarrollar, con autonomía plena, la actividad económica de su preferencia, afectando o destinando bienes de cualquier tipo a la producción y al intercambio económico con la finalidad de obtener un beneficio o ganancia material.

Se manifiesta que la libertad de empresa, consagrada por el artículo 59º de la Constitución, se define como la facultad de poder elegir la organización y efectuar el desarrollo de una unidad de producción de bienes o prestación de servicios, para satisfacer la demanda de los consumidores o usuarios. Su contenido está determinado por cuatro tipo de libertades, las cuales configuran el ámbito de irradiación de la protección de tal derecho.



i) En primer lugar, la libertad de creación de empresa y de acceso al mercado significa libertad para emprender actividades económicas, en el sentido de libre fundación de empresas y concurrencia al mercado.



ii) En segundo término, la libertad de organización contiene la libre elección del objeto, nombre, domicilio, tipo de empresa o de sociedad mercantil, facultades a los administradores, políticas de precios, créditos y seguros, contratación de personal y política publicitaria, entre otros).



iii) En tercer lugar, está la libertad de competencia.



iv) En último término, la libertad para cesar las actividades es libertad, para quien haya creado una empresa, de disponer el cierre o cesación de las actividades de la misma cuando lo considere más oportuno.



Sobre el derecho a la libre contratación previsto por el artículo 2.14º de la Constitución, se prescribe que éste se concibe como el acuerdo o convención de voluntades entre dos o más personas naturales y/o jurídicas para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica de carácter patrimonial. Dicho vínculo -fruto de la concertación de voluntades- debe versar sobre bienes o intereses que poseen apreciación económica, tener fines lícitos y no contravenir las leyes de orden público.

Tal derecho garantiza, prima facie :



1Autodeterminación para decidir la celebración de un contrato, así como la potestad de elegir al co-celebrante.



2· Autodeterminación para decidir, de común acuerdo, la materia objeto de regulación contractual.

Sentencia

SOSLEGAL Abogados - Plan Asesoria Empresas

PLAN LEGAL PYME

1.-Absolución de todas sus consultas en número de diez mediante
enlace telefónico a través de nuestros asesores, así también
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3.-Asesorìa y en relación a procesos y procedimientos judiciales y/o
administrativos en número de dos.

4.-Asesorìa en relación a la celebración de contratos (Precisados
por la firma y el cliente en el Anexo 1 del Contrato de Servicios).

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administrativos en número de cinco.

4.-Asesorìa en relación a la celebración de contratos (Precisados
por la firma y el cliente en el Anexo 1 del Contrato de Servicios).

5.-Ser incluido en nuestra guía de empresarios confiables (GEC).

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mensuales

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administrativos en número de diez.

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por la firma y el cliente en el Anexo 1 del Contrato de Servicios).

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y asesorarlo en alguna diligencia de importancia (inspecciones laborales,
fiscalizaciones tributarias, conciliaciones, entre otros). – 24 HORAS, no incluye gastos administrativos de traslado y lo correspondiente a los recaudos

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Curso de Derecho Empresarial II. Universidad Las Americas.

Carpeta del Curso de Derecho Empresarial

la misma que contiene:

Sesion N.° 1 ( Primera Semana)
Sesion N.° 2  ( Segunda Semana)
Sesion N.º 3 (Tercera Semana)
Sesion N.º 4 ( Cuarta Semana)
Sesion N.º 5 (Quinta Semana)
Sesion N.° 6 (Sexta Semana)
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Conformacion de Grupos ( Exposiciones) y Programación todo el ciclo académico.
1ra Lectura
2da Lectura

Violación de Derechos Humanos, la incidencia del Decreto Legislativo N°1047

Juan Francisco Arana

Socio Fundador

SOSLEGAL Abogados

I. INTRODUCCION

El siguiente documento ha sido elaborado teniendo en cuenta los presupuestos para la interpretación de la constitucionalidad del Decreto Legislativo N°1097 Decreto Legislativo que regula la aplicación de normas procesales por delitos que implican violación de derechos humanos.



II. CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO N°1097.

El 1° de setiembre de 2010 se público el Decreto Legislativo N°1097. Decreto Legislativo que regula la aplicación de normas procesales por delitos que implican violación de derechos humanos.

Mediante la Ley N°29548 se faculta al Poder Ejecutivo para legislar en materia militar policial, el uso de la fuerza y normas procesales y penitenciarias relacionadas a militares y policías procesados o condenados, se establece la facultad de legislar sobre las materias siguientes:

a) La dación de un nuevo Código de Justicia Militar Policial y la optimización de la Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial, dentro de los parámetros constitucionales vigentes.

b) La dación de legislación sobre el empleo y uso de la fuerza por parte del personal de las Fuerzas Armadas, dentro de los parámetros constitucionales vigentes.

c) La dación de normas procesales y penitenciarias relacionadas exclusivamente al personal militar y policial que ha sido procesado o condenado por delitos que implican violación de derechos humanos.

1. Control de constitucionalidad

1.1. Competencia temporal

El artículo 1 literal c de la ley autoritativa (Ley 29548) fue publicado el 1 de julio de 2010, y delega competencias legislativas por el plazo de 60 días calendario. El 1° de setiembre de 2010 se público el Decreto Legislativo N°1097. Decreto Legislativo que regula la aplicación de normas procesales por delitos que implican violación de derechos humanos, es decir dentro del plazo.

1.2. Competencia material

Si comparamos la Ley 29548 con el Decreto Legislativo Nº 1097, podemos apreciar que este último se encuadra de manera directa en la materia delegada en el artículo 1 letra c:

“c) La dación de normas procesales y penitenciarias relacionadas exclusivamente al personal militar y policial que ha sido procesado o condenado por delitos que implican violación de derechos humanos.;

Como podemos ver, existe una relación directa entre la materia delegada y la ley autoritativa.

2. Motivación del Decreto Legislativo

El presidente de la Republica debe dar cuenta dentro de los 3 días posteriores a la publicación del Decreto Legislativo, recibido el oficio y el expediente el Presidente del Congreso remitirá a su vez a la Comisión de Constitución y Reglamento; quien tiene un plazo de 10 días para presentar su dictamen.

La referida norma precisa, luego de señalar que esta ha sido publicada en el marco de una delegación de facultades legislativas, que en el caso concreto de este decreto, se ha hecho en atención de la materia contenida en el artículo 1, letra c sobre dación de normas procesales y penitenciarias relacionadas exclusivamente al personal militar y policial que ha sido procesado o condenado por delitos que implican violación de derechos humanos.

3. Materias indelegables a la Comisión Permanente por parte de los Decretos Legislativos, y no vulneración de la Constitución

Como sabemos, el artículo 104º de la Constitución señala que no puede delegarse facultades legislativas al Ejecutivo en materias indelegables a la Comisión Permanente. El numeral 4 del artículo 101 de la misma Constitución, señala que no pueden delegarse a la Comisión Permanente, y en consecuencia, no pueden ser objeto de delegación de facultades, entre otras, las materias relativas a Reforma Constitucional, la aprobación de Tratados Internacionales, Leyes Orgánicas, Ley de Presupuesto y Ley de la Cuenta General de la República.

Este requisito se ha cumplido a plenitud, pues no se modifica leyes orgánicas, tampoco existe violación de la Constitución, y menos a jurisprudencia del TC que haya interpretado la Constitución.

4. Los Decretos Legislativos no pueden legislar materias reservadas a ley parlamentaria

El artículo 139° de la Constitución Política del Perú señala “son principios y derechos de la función jurisdiccional:

1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional.

No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral.

No hay proceso judicial por comisión o delegación.

2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno.

3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.

El artículo 173° de la Constitución Política del Perú señala “En caso de delito de función, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están sometidos al fuero respectivo y al Código de Justicia Militar. Las disposiciones de éste no son aplicables a los civiles, salvo en el caso de los delitos de traición a la patria y de terrorismo que la ley determina. La casación a que se refiere el artículo 141 sólo es aplicable cuando se imponga la pena de muerte.

Quienes infringen las normas del Servicio Militar Obligatorio están asimismo sometidos al Código de Justicia Militar.”

Los artículos 139° y 173° de la Constitución Política del Perú no establece ninguna reserva de ley.

5. Jurisprudencia constitucional sobre modificación de reglas procesales a través de decretos legislativos

El Congreso de la República, mediante Ley Nº 27913, delegó al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia antiterrorista a fin de que mediante decretos legislativos adecuen el régimen jurídico a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional mediante sentencia del Expediente 010-2002-AI/TC .

El Poder Ejecutivo, en razón a la delegación de facultades legislativas, expidió el Decreto Legislativo Nº 921 en el que da cumplimiento a la exhortación del Tribunal Constitucional. Es así que a través de la Acción de Inconstitucionalidad donde cinco mil ciudadanos, promovieron la Acción de Constitucionalidad. En el Cuarto párrafo de la parte resolutiva de la sentencia exhorta al Congreso de la República para que, dentro de un plazo razonable, reemplace la legislación correspondiente a fin de concordar el régimen jurídico de la cadena perpetua con lo expuesto en esta sentencia en los fundamentos jurídicos N.os 190 y 194 así como establezca los límites máximos de las penas de los delitos regulados por los artículos 2º, 3º, incisos b) y c); y 4º, 5º y 9º del Decreto Ley N.° 25475, conforme a lo expuesto en el fundamento jurídico N.° 205 de esta sentencia. Finalmente, a regular la forma y el modo como se tramitarán las peticiones de nuevos procesos, a los que se refieren los fundamentos 229 y 230 de esta sentencia.



III. CONTENIDO

El Decreto Legislativo N°1097 implementa la entrada en vigencia de algunos artículos del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) en cuanto a comparecencia, caución económica e impedimento de salida del país y sobreseimiento por exceso de plazo de instrucción para dichos delitos.

a. Sobre comparecencia, posibilita un procedimiento para variar el mandato de detención por el de comparecencia.

Adelanta la vigencia del inciso 1° del Artículo 288° del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), a los distritos judiciales donde aún no se encuentra vigente respecto a los procesos de delitos de violaciones de los derechos humanos, así como los delitos contra la humanidad, el Juez podrá establecer medidas restrictivas, como la de someterse al cuidado y vigilancia de una persona o institución determinada, quien informará periódicamente en los plazos designados.

En los procesos para los delitos señalados deben observarse las siguientes normas:

En los iniciados en el ámbito el Nuevo Código Procesal Penal (NCCP), se le otorga la prerrogativa al Juez de variar el mandato de detención preliminar o el de prisión preventiva por el de comparecencia, con la restricción del sometimiento y vigilancia al instituto militar o policial donde pertenece. (Art. 3°.2. a)

En los procesos bajo el Código de Procedimientos Penales (CdPP), el Juez dictará orden de detención mediante resolución y motivada en los antecedentes del procesado, dictado el mandato de comparecencia, el Juez podrá imponer la obligación de someterse al cuidado y vigilancia de una persona o institución. Si el imputado es personal militar o policial en cualquier situación, el cuidado y vigilancia estará a cargo de la institución policial o militar a la que pertenece. (Art. 3°.2.b.)

b. Sobre la caución económica, con esta norma se viabiliza que los procesados se pongan a derecho y modifique su condición procesal de ausente o contumaz.

Adelantar la vigencia del inciso 4°del artículo 288 del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP, permite la fianza personal en caso de que la caución económica no sea posible. En caso que el procesado declarado ausento o contumaz, se podrá variar la orden de detención para resolver su condición, imponiendo para ello la caución económica, o la fianza personal, asumidas por un familiar, tercero, sea persona natural o jurídica o la institución militar o policial a la que pertenece. (Art. 4°)

c. Acerca de impedimento de salida del país, determina plazos cortos para determinar el impedimento de salida del país y reduce a 8 meses el plazo máximo de duración del impedimento para aquellos procesados por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, considerados como violaciones a los derechos humanos.

Se adelanta la vigencia del inciso 2 del artículo 296 del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP). Las resoluciones deben ser fundamentadas, indispensables para la indagación, el Juez de la investigación fiscal citara a una audiencia, y decidirá en el plazo de 48 horas de realizado. Procede recurso de apelación, que se concederá con efecto devolutivo.

Aquellos impedimentos de salida que hayan superado los 8 meses al momento de la vigencia de la presente norma son levantadas de oficio. Para los procesados que se pongan a derecho y acrediten domicilio legal en el exterior y hayan sufragado su caución económica, el juez puede dictar orden de impedimento de salida del país por un periodo de hasta 4 meses cuando resulte indispensable para la indagación de la verdad. Pueden ser ampliadas 4 meses adicionales, motivada en antecedentes del procesado y en circunstancias particulares. Ambas resoluciones son apelables para su confirmación o revocatoria por el superior en grado.



d. En materia de sobreseimiento

Hablar de sobreseimiento es hablar del archivamiento del proceso judicial.

El sobreseimiento, es una resolución judicial, en forma de auto, que produce la suspensión indefinida del proceso penal, o poner fin al mismo, impidiendo en ambos casos, mientras subsista la apertura del plenario o que se pronuncie sentencia.

El Sobreseimiento provisional pertenece a la paralización del proceso.



Los Modelos Procesales Penales en el Perú

Nº Detalle \ Modelo Modelo Procesal Anterior

Código de Procedimientos Penales ( CdPP) y Código Procesal Penal (CPP) Nuevo Modelo Procesal

Nuevo Código Procesal Penal (NCPP)

1. Proceso Penal Modelo Mixto

La existencia de la combinación en el Código de Procedimientos Penal de 1940, donde el modelo que predomina es el inquisitivo. Siendo que el modelo acusatorio garantista se ejemplifica en el Código Procesal Penal de 2004. Modelo Acusatorio

Otorga la titularidad de la persecución penal al Ministerio Público, obliga adecuar el proceso penal a la exigencia del artículo 159 inciso 5 de la Constitución Política del Perú que señala que el Ministerio Público le corresponde ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte.

2. Etapas del Proceso Penal Proceso Penal Sumario (2 etapas)

Sumario o instrucción y plenario o juicio

Proceso Penal Ordinario ( 3 Etapas)

Instrucción, intermedia y juzgamiento.

Procesos Especiales

Investigación Preparatoria, Etapa intermedia y Juzgamiento

3. Características principales Funciones de investigación y Juzgamiento dirigidas por el Juez Separación de la función de Investigación y juzgamiento.

4. Duración de la

Etapa de Instrucción Modelo Procesal Anterior / Investigación Preparatoria Modelo Procesal Actual Artículo 202 Código de Procedimientos Penales

Plazo de 4 meses

Ampliado a 60 días por pedido del Ministerio Público.

Cuando el proceso es complejo , existen pluralidad de procesados o agraviados el Juez de oficio puede ampliar hasta (08) meses. Articulo 342 del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) El plazo de la Investigación Preparatoria es de 120 días naturales. Sólo por causas justificadas, dictando la Disposición correspondiente, el Fiscal podrá prorrogarla por única vez hasta por un máximo de sesenta días naturales.

2. Tratándose de Investigaciones complejas, el plazo de la Investigación Preparatoria es

de 8 meses. La prórroga por igual plazo debe concederla el Juez de la Investigación Preparatoria.

3. Se considera proceso complejo involucra una cantidad importante de imputados o agraviados; d) investiga delitos perpetrados por imputados integrantes o colaborares de bandas u organizaciones delictivas y otros.



5. Sobreseimiento Resolución judicial que pone término al procedimiento penal (sobreseimiento definitivo) o bien, suspende o paraliza el proceso por ciertas y determinadas causales legales (sobreseimiento temporal). El sobreseimiento puede ser también, total o parcial dependiendo si refiere a todos o alguno de los imputados o delitos de un proceso. (arts. 250 , 252 y 255 C.P.P.). Sobreseimiento parcial Articulo 348 del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP).

Sobreseimiento parcial cuando sólo se circunscribe a algún delito o algún imputado, de los varios que

son materia de la disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria.

2. Si el sobreseimiento fuere parcial, continuará la causa respecto de los demás delitos o imputados que no los comprende.

Fuente: Código de Procedimientos Penales- Código Procesal Penal –Nuevo Código Procesal Penal



La etapa de instrucción así denominada en el Modelo procesal anterior dura igual que la etapa de instrucción en el modelo procesal actual implementado por el Nuevo Código Procesal Penal.

Es relevante mencionar, que para el caso de los procesos por los delitos contra la vida el cuerpo y la salud previstos en el Código Penal de 1924 y el Código Penal de 1991, considerados como violaciones a los derechos humanos, así como los delitos contra la humanidad previstos en el código penal de 1991. Se rigen por el modelo procesal anterior, conformado en su cuerpo procesal por el Código de Procedimientos Penales ( CdPP) y el Código Procesal Penal (CPP)

El Decreto Legislativo Nº1097 en su artículo 6º adelanta la vigencia de los artículos 344º al 348ª, así como el inciso 4º del artículo 352 del Código Procesal Penal, incorporando el procedimiento para sobreseimiento, la decisión del ministerio público (Art.344), el control de requerimiento del sobreseimiento, la audiencia de control de sobreseimiento (Art. 345), pronunciamiento del Juez de la investigación preparatoria (Art. 346), Auto de Sobreseimiento (Art.347) y sobreseimiento total y parcial (Art.348).

De verificarse el vencimiento del término de la instrucción, (Ver Tabla Nº 1 Nº 4 - Modelo Procesal Anterior), el órgano jurisdiccional que tenga en su poder el expediente principal dicta la correspondiente resolución de sobreseimiento parcial a favor de todos los encausados que hayan sufrido el exceso de plazo de la investigación . Es decir este inciso es mandatario y determina que el Juez debe dictar la resolución de sobreseimiento parcial.

En los casos que no se haya observado en exceso la etapa de instrucción se aplicará el control de sobreseimiento

Establece que el sobreseimiento parcial, no sobresee delitos sino a procesados con exceso de investigación penal.

e. Entrada en Vigencia de la de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad

Primera Disposición complementaria final del Decreto Legislativo N°1097 señala que precisa la vigencia de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, a partir del 09 de noviembre de 2003 in fine, termino innecesario para la legalidad de dicho decreto legislativo, ya que por técnica legislativa no debe redundar ni precisar algo que por merito del procedimiento constitucional de aprobación de tratados y convenios internacionales se ha cumplido a plenitud, ya que de acuerdo al artículo 56 de la Constitución Política del Perú, el Congreso de la República aprueba los Tratados internacionales, en merito del cual otorgó la Resolución Legislativa N°27998 , de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, queda aprobada dicha convención, y para su vigencia debe remitirse a lo señalado en la propia convención internacional que señala en su artículo VIII “1. La presente Convención entrará en vigor al nonagésimo día siguiente a la fecha en que haya sido depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el décimo instrumento de ratificación o de adhesión.

2.Para cada Estado que ratifique la presente Convención o se adhiera a ella después de haber sido depositado el décimo instrumento de ratificación o de adhesión la Convención entrará en vigor el nonagésimo días siguiente a la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.”

Razón por la cual el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó el D.S. N°082-2003-RE ratificando dicha Convención.

En fecha 21 de agosto de 2003. Se pública en el Diario Oficial EL Peruano – Sección Convenios Internacionales, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley N°26647, comunica que la “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad” entrará en vigencia a partir del 9 de noviembre del 2009.

Asimismo existe el fundamento 15 de la Resolución del Tribunal constitucional del 23 de agosto de 2010, recaída en el expediente N°00018-2009-PI/TC que señala

“Que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad entró en vigor para el caso del Estado peruano el 9 de noviembre de 2003, esto es, luego de haberse realizado el procedimiento complejo de celebración y de la comunicación por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en el tratado, a fin de se publique la fecha de entrada en vigor, y consecuentemente, forme parte del derecho nacional (Diario Oficial “El Peruano del 21 de agosto de 2003 -Sección Convenios Internacionales-). Así pues, advirtiéndose que la demanda de inconstitucionalidad ha sido interpuesta con fecha 5 de junio de 2009, se tiene que el plazo prescriptorio de seis (6) meses para solicitar la inconstitucionalidad del tratado antes mencionado ha vencido en demasía, habiéndose producido la prescripción de la pretensión.”

Por tanto no constituye sentencia, ni fundamento que exhorte al Congreso para incorporar en la legislación nacional a partir de una ley.

En el Caso del Decreto Legislativo N°1097 es innecesaria la precisión realizada en la primera disposición complementaria y final de la citada norma, porque ya está regulado por el procedimiento de ratificación de tratados internacionales.

OBSERVACIONES

La defensoría del Pueblo se ha pronunciado con relación al Decreto Legislativo N°1097.

Donde señala que los delitos contra los derechos humanos son imprescriptibles. Exhorta a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República a realizar con la prioridad debida el control político previsto en el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República.

Intervendrá ante los órganos jurisdiccionales presentando informe técnicos en calidad de amicus curiae . Asimismo se encuentra analizando la posibilidad de presentar una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Para efectos procesales son normas excepcionales, ya que permiten incorporar el procedimiento de sobreseimiento del Nuevo Código Procesal Penal. A procesos del modelo procesal anterior.