miércoles, 27 de abril de 2011

Historia

Somos una firma legal de corte jurídico, legal y legislativo orientada a satisfacer las necesidades de la comunidad, las empresas, instituciones públicas y privadas, de una manera integral , eficaz y estratégica.

Contamos con un equipo multidisciplinario de profesionales, economistas, contadores y abogados expertos, seleccionados, de las diversas ramas del derecho, cuyo objetivo es desarrollar estrategias orientadas a la protección jurídica, prevención de riesgos y obtención de resultados, desarrollando valores de compromiso fiel, confidencialidad y efectividad hasta la plena satisfacción de sus expectativas y la protección de sus legítimos intereses.

La firma fue fundado por Juan Francisco Arana Chalco, abogado, arbitro, asesor parlamentario y docente universitario.





jueves, 28 de octubre de 2010

Jurisprudencia en proceso de Indemnización por daños en accidentes de transito


El principio de unidad del Estado y la autonomía municipal



Se reitera cuestiones relativas al principio de unidad del Estado y la autonomía municipal desarrolladas en anterior jurisprudencia constitucional. En ese sentido, se señala que el principio de unidad del Estado se encuentra consagrado en los artículos 43º y 189º de la Constitución Política. Sobre la autonomía municipal, se manifiesta que a través de ésta se garantiza a los gobiernos locales que puedan desenvolverse con plena libertad en dichos ámbitos, esto es, se garantiza que los gobiernos locales, en los asuntos administrativos, económicos y políticos que constitucionalmente les atañen, ejerzan las potestades necesarias para garantizar su autogobierno, siempre que lo hagan respetando el orden jurídico.



La garantía institucional de la autonomía municipal no puede contraponerse, en ningún caso, al principio de unidad del Estado, porque si bien este otorga sentido a sub ordenamientos que no deben encontrarse en contraposición con el ordenamiento general, éstos resultan necesarios para obtener la integración política de las comunidades locales del Estado.



La responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito



En nuestro ordenamiento jurídico existen dos criterios de responsabilidad civil (subjetiva y objetiva) bajo los cuales toda acción o conducta que genera daños y perjuicios, dependiendo de la existencia de una obligación o sin ella, así como del cumplimiento de cada uno de los elementos de la responsabilidad civil (antijuricidad, daño causado, relación de causalidad y factores de atribución), trae como consecuencia el resarcimiento indemnizatorio a favor de la víctima, por lo que sólo bajo estos criterios se desarrollan fórmulas indemnizatorias.



El Tribunal Constitucional estima que el artículo 29º de la Ley N.º 27181, que establece que la responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito causados por vehículos automotores es objetiva, conforme al Código Civil, no resulta inconstitucional toda vez que, por un lado, la Constitución no ha reservado a favor de las municipalidades la facultad de establecer un sistema de responsabilidad civil por accidentes de tránsito; y, por otro, en nuestro ordenamiento jurídico subsisten dos criterios de responsabilidad civil -objetivo y subjetivo- bajo los cuales se genera el resarcimiento de los daños ocasionados, siendo incluso que de no haberse efectuado dicha mención en el cuestionado artículo 29º, y por el sólo hecho de encontrarnos frente al uso de un bien riesgoso (vehículos automotores), opera en forma automática el criterio de responsabilidad objetiva consagrado en el artículo 1970º del Código Civil frente al perjudicado, a fin de lograr el resarcimiento correspondiente de acuerdo al daño causado.



El Sistema de Seguros Obligatorios



Los sistemas de seguros obligatorios se orientan a asegurar que la víctima perciba la indemnización que le corresponde por los daños ocasionados, por lo que cumple una finalidad de carácter social. El seguro obligatorio puede ser entendido, sea como un régimen general que cubre todo tipo de accidentes personales, sea como un régimen que comprende riesgos específicos.



En nuestro país, los seguros obligatorios se constituyen en normas de aplicación y resarcimiento inmediato dependiendo de las formas de pago como se ejecuten



Los seguros obligatorios como fórmulas legislativas en materia de responsabilidad extracontractual vienen a ser mecanismos preventivos frente a la producción de daños y perjuicios previstos por las normas correspondientes, y que resultan eficientes frente al resarcimiento inmediato -total o parcial- de los mismos.



El SOAT y la libre iniciativa privada, la libertad de empresa y la libertad de contratar



Siguiendo la línea jurisprudencial establecida por el Tribunal y con la finalidad de pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de la norma cuestionada, se reitera lo expuesto en anteriores pronunciamientos respecto de los derechos a la libre iniciativa privada, a la libertad de empresa y a la libertad de contratación.



Así, se precisa que otro principio que informa a la totalidad del modelo económico es el de la libre iniciativa privada, prescrito en el artículo 58º de la Constitución y que se encuentra directamente conectado con lo establecido en el inciso 17) del artículo 2º del mismo texto, el cual consagra el derecho fundamental de toda persona a participar, ya sea en forma individual o asociada, en la vida económica de la Nación. De ello se colige que toda persona natural o jurídica tiene derecho a emprender y desarrollar, con autonomía plena, la actividad económica de su preferencia, afectando o destinando bienes de cualquier tipo a la producción y al intercambio económico con la finalidad de obtener un beneficio o ganancia material.

Se manifiesta que la libertad de empresa, consagrada por el artículo 59º de la Constitución, se define como la facultad de poder elegir la organización y efectuar el desarrollo de una unidad de producción de bienes o prestación de servicios, para satisfacer la demanda de los consumidores o usuarios. Su contenido está determinado por cuatro tipo de libertades, las cuales configuran el ámbito de irradiación de la protección de tal derecho.



i) En primer lugar, la libertad de creación de empresa y de acceso al mercado significa libertad para emprender actividades económicas, en el sentido de libre fundación de empresas y concurrencia al mercado.



ii) En segundo término, la libertad de organización contiene la libre elección del objeto, nombre, domicilio, tipo de empresa o de sociedad mercantil, facultades a los administradores, políticas de precios, créditos y seguros, contratación de personal y política publicitaria, entre otros).



iii) En tercer lugar, está la libertad de competencia.



iv) En último término, la libertad para cesar las actividades es libertad, para quien haya creado una empresa, de disponer el cierre o cesación de las actividades de la misma cuando lo considere más oportuno.



Sobre el derecho a la libre contratación previsto por el artículo 2.14º de la Constitución, se prescribe que éste se concibe como el acuerdo o convención de voluntades entre dos o más personas naturales y/o jurídicas para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica de carácter patrimonial. Dicho vínculo -fruto de la concertación de voluntades- debe versar sobre bienes o intereses que poseen apreciación económica, tener fines lícitos y no contravenir las leyes de orden público.

Tal derecho garantiza, prima facie :



1Autodeterminación para decidir la celebración de un contrato, así como la potestad de elegir al co-celebrante.



2· Autodeterminación para decidir, de común acuerdo, la materia objeto de regulación contractual.

Sentencia

martes, 26 de octubre de 2010

SOSLEGAL Abogados - Plan Asesoria Empresas




PLAN LEGAL PYME

1.-Absolución de todas sus consultas en número de diez mediante
enlace telefónico a través de nuestros asesores, así también
mediante email, whats app.
2.-Elaboración de documentos legales en número de dos mensuales
3.-Asesorìa y en relación a procesos y procedimientos judiciales y/o
administrativos en número de dos.
4.-Asesorìa en relación a la celebración de contratos (Precisados
por la firma y el cliente en el Anexo 1 del Contrato de Servicios).
5.-Ser incluido en nuestra guía de empresarios confiables.

PLAN LEGAL  PLUS EMPRESA
1.-Absolución de todas sus consultas en número de veinte mediante enlace telefónico a través de nuestros asesores, así también mediante email, whats app.
2.-Elaboración de documentos legales en número de cinco mensuales
3.-Asesorìa y en relación a procesos y procedimientos judiciales y/o
administrativos en número de cinco.
4.-Asesorìa en relación a la celebración de contratos (Precisados
por la firma y el cliente en el Anexo 1 del Contrato de Servicios).
5.-Ser incluido en nuestra guía de empresarios confiables (GEC).
6.- Una reunión semanal directa y personal con nuestros asesores.
7.-El servicio de auxilio legal para que uno de nuestros asesores pueda apoyarlo
y asesorarlo en alguna diligencia de importancia (inspecciones laborales,
fiscalizaciones tributarias, conciliaciones, entre otros).
8.-Capacitación por parte de nuestros asesores sobre temas de su interés en beneficio de
su negocio.

PLAN LEGAL PREMIER EMPRESA
1.-Absolución de todas sus consultas a demanda sobre diversos temas jurídicos mediante enlace telefónico a través de nuestros asesores, así también mediante email, whats app.
2.-Elaboración de documentos legales en número de diez
mensuales
3.-Asesorìa y en relación a procesos y procedimientos judiciales y/o
administrativos en número de diez.
4.-Asesorìa en relación a la celebración de contratos (Precisados
por la firma y el cliente en el Anexo 1 del Contrato de Servicios).
5.-Ser incluido en nuestra guía de empresarios confiables. GEC
6.- Una reunión semanal directa y personal con nuestros asesores.
7.-El servicio de auxilio legal para que uno de nuestros asesores pueda apoyarlo
y asesorarlo en alguna diligencia de importancia (inspecciones laborales,
fiscalizaciones tributarias, conciliaciones, entre otros). – 24 HORAS, no incluye gastos administrativos de traslado y lo correspondiente a los recaudos
8.-Capacitación por parte de nuestros asesores sobre temas de su interés en beneficio de
su negocio al personal a cargo.
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Curso de Derecho Empresarial II

Curso de Derecho Empresarial II. Universidad Las Americas.

Carpeta del Curso de Derecho Empresarial

la misma que contiene:

Sesion N.° 1 ( Primera Semana)
Sesion N.° 2  ( Segunda Semana)
Sesion N.º 3 (Tercera Semana)
Sesion N.º 4 ( Cuarta Semana)
Sesion N.º 5 (Quinta Semana)
Sesion N.° 6 (Sexta Semana)
Silabus
Conformacion de Grupos ( Exposiciones) y Programación todo el ciclo académico.
1ra Lectura
2da Lectura

miércoles, 22 de septiembre de 2010

Violación de Derechos Humanos, la incidencia del Decreto Legislativo N°1047

Socio Fundador


I. INTRODUCCION

El siguiente documento ha sido elaborado teniendo en cuenta los presupuestos para la interpretación de la constitucionalidad del Decreto Legislativo N°1097 Decreto Legislativo que regula la aplicación de normas procesales por delitos que implican violación de derechos humanos.



II. CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO LEGISLATIVO N°1097.

El 1° de setiembre de 2010 se público el Decreto Legislativo N°1097. Decreto Legislativo que regula la aplicación de normas procesales por delitos que implican violación de derechos humanos.

Mediante la Ley N°29548 se faculta al Poder Ejecutivo para legislar en materia militar policial, el uso de la fuerza y normas procesales y penitenciarias relacionadas a militares y policías procesados o condenados, se establece la facultad de legislar sobre las materias siguientes:

a) La dación de un nuevo Código de Justicia Militar Policial y la optimización de la Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial, dentro de los parámetros constitucionales vigentes.

b) La dación de legislación sobre el empleo y uso de la fuerza por parte del personal de las Fuerzas Armadas, dentro de los parámetros constitucionales vigentes.

c) La dación de normas procesales y penitenciarias relacionadas exclusivamente al personal militar y policial que ha sido procesado o condenado por delitos que implican violación de derechos humanos.

1. Control de constitucionalidad

1.1. Competencia temporal

El artículo 1 literal c de la ley autoritativa (Ley 29548) fue publicado el 1 de julio de 2010, y delega competencias legislativas por el plazo de 60 días calendario. El 1° de setiembre de 2010 se público el Decreto Legislativo N°1097. Decreto Legislativo que regula la aplicación de normas procesales por delitos que implican violación de derechos humanos, es decir dentro del plazo.

1.2. Competencia material

Si comparamos la Ley 29548 con el Decreto Legislativo Nº 1097, podemos apreciar que este último se encuadra de manera directa en la materia delegada en el artículo 1 letra c:

“c) La dación de normas procesales y penitenciarias relacionadas exclusivamente al personal militar y policial que ha sido procesado o condenado por delitos que implican violación de derechos humanos.;

Como podemos ver, existe una relación directa entre la materia delegada y la ley autoritativa.

2. Motivación del Decreto Legislativo

El presidente de la Republica debe dar cuenta dentro de los 3 días posteriores a la publicación del Decreto Legislativo, recibido el oficio y el expediente el Presidente del Congreso remitirá a su vez a la Comisión de Constitución y Reglamento; quien tiene un plazo de 10 días para presentar su dictamen.

La referida norma precisa, luego de señalar que esta ha sido publicada en el marco de una delegación de facultades legislativas, que en el caso concreto de este decreto, se ha hecho en atención de la materia contenida en el artículo 1, letra c sobre dación de normas procesales y penitenciarias relacionadas exclusivamente al personal militar y policial que ha sido procesado o condenado por delitos que implican violación de derechos humanos.

3. Materias indelegables a la Comisión Permanente por parte de los Decretos Legislativos, y no vulneración de la Constitución

Como sabemos, el artículo 104º de la Constitución señala que no puede delegarse facultades legislativas al Ejecutivo en materias indelegables a la Comisión Permanente. El numeral 4 del artículo 101 de la misma Constitución, señala que no pueden delegarse a la Comisión Permanente, y en consecuencia, no pueden ser objeto de delegación de facultades, entre otras, las materias relativas a Reforma Constitucional, la aprobación de Tratados Internacionales, Leyes Orgánicas, Ley de Presupuesto y Ley de la Cuenta General de la República.

Este requisito se ha cumplido a plenitud, pues no se modifica leyes orgánicas, tampoco existe violación de la Constitución, y menos a jurisprudencia del TC que haya interpretado la Constitución.

4. Los Decretos Legislativos no pueden legislar materias reservadas a ley parlamentaria

El artículo 139° de la Constitución Política del Perú señala “son principios y derechos de la función jurisdiccional:

1. La unidad y exclusividad de la función jurisdiccional.

No existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral.

No hay proceso judicial por comisión o delegación.

2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno.

3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.

El artículo 173° de la Constitución Política del Perú señala “En caso de delito de función, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional están sometidos al fuero respectivo y al Código de Justicia Militar. Las disposiciones de éste no son aplicables a los civiles, salvo en el caso de los delitos de traición a la patria y de terrorismo que la ley determina. La casación a que se refiere el artículo 141 sólo es aplicable cuando se imponga la pena de muerte.

Quienes infringen las normas del Servicio Militar Obligatorio están asimismo sometidos al Código de Justicia Militar.”

Los artículos 139° y 173° de la Constitución Política del Perú no establece ninguna reserva de ley.

5. Jurisprudencia constitucional sobre modificación de reglas procesales a través de decretos legislativos

El Congreso de la República, mediante Ley Nº 27913, delegó al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia antiterrorista a fin de que mediante decretos legislativos adecuen el régimen jurídico a lo dispuesto por el Tribunal Constitucional mediante sentencia del Expediente 010-2002-AI/TC .

El Poder Ejecutivo, en razón a la delegación de facultades legislativas, expidió el Decreto Legislativo Nº 921 en el que da cumplimiento a la exhortación del Tribunal Constitucional. Es así que a través de la Acción de Inconstitucionalidad donde cinco mil ciudadanos, promovieron la Acción de Constitucionalidad. En el Cuarto párrafo de la parte resolutiva de la sentencia exhorta al Congreso de la República para que, dentro de un plazo razonable, reemplace la legislación correspondiente a fin de concordar el régimen jurídico de la cadena perpetua con lo expuesto en esta sentencia en los fundamentos jurídicos N.os 190 y 194 así como establezca los límites máximos de las penas de los delitos regulados por los artículos 2º, 3º, incisos b) y c); y 4º, 5º y 9º del Decreto Ley N.° 25475, conforme a lo expuesto en el fundamento jurídico N.° 205 de esta sentencia. Finalmente, a regular la forma y el modo como se tramitarán las peticiones de nuevos procesos, a los que se refieren los fundamentos 229 y 230 de esta sentencia.



III. CONTENIDO

El Decreto Legislativo N°1097 implementa la entrada en vigencia de algunos artículos del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) en cuanto a comparecencia, caución económica e impedimento de salida del país y sobreseimiento por exceso de plazo de instrucción para dichos delitos.

a. Sobre comparecencia, posibilita un procedimiento para variar el mandato de detención por el de comparecencia.

Adelanta la vigencia del inciso 1° del Artículo 288° del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), a los distritos judiciales donde aún no se encuentra vigente respecto a los procesos de delitos de violaciones de los derechos humanos, así como los delitos contra la humanidad, el Juez podrá establecer medidas restrictivas, como la de someterse al cuidado y vigilancia de una persona o institución determinada, quien informará periódicamente en los plazos designados.

En los procesos para los delitos señalados deben observarse las siguientes normas:

En los iniciados en el ámbito el Nuevo Código Procesal Penal (NCCP), se le otorga la prerrogativa al Juez de variar el mandato de detención preliminar o el de prisión preventiva por el de comparecencia, con la restricción del sometimiento y vigilancia al instituto militar o policial donde pertenece. (Art. 3°.2. a)

En los procesos bajo el Código de Procedimientos Penales (CdPP), el Juez dictará orden de detención mediante resolución y motivada en los antecedentes del procesado, dictado el mandato de comparecencia, el Juez podrá imponer la obligación de someterse al cuidado y vigilancia de una persona o institución. Si el imputado es personal militar o policial en cualquier situación, el cuidado y vigilancia estará a cargo de la institución policial o militar a la que pertenece. (Art. 3°.2.b.)

b. Sobre la caución económica, con esta norma se viabiliza que los procesados se pongan a derecho y modifique su condición procesal de ausente o contumaz.

Adelantar la vigencia del inciso 4°del artículo 288 del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP, permite la fianza personal en caso de que la caución económica no sea posible. En caso que el procesado declarado ausento o contumaz, se podrá variar la orden de detención para resolver su condición, imponiendo para ello la caución económica, o la fianza personal, asumidas por un familiar, tercero, sea persona natural o jurídica o la institución militar o policial a la que pertenece. (Art. 4°)

c. Acerca de impedimento de salida del país, determina plazos cortos para determinar el impedimento de salida del país y reduce a 8 meses el plazo máximo de duración del impedimento para aquellos procesados por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, considerados como violaciones a los derechos humanos.

Se adelanta la vigencia del inciso 2 del artículo 296 del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP). Las resoluciones deben ser fundamentadas, indispensables para la indagación, el Juez de la investigación fiscal citara a una audiencia, y decidirá en el plazo de 48 horas de realizado. Procede recurso de apelación, que se concederá con efecto devolutivo.

Aquellos impedimentos de salida que hayan superado los 8 meses al momento de la vigencia de la presente norma son levantadas de oficio. Para los procesados que se pongan a derecho y acrediten domicilio legal en el exterior y hayan sufragado su caución económica, el juez puede dictar orden de impedimento de salida del país por un periodo de hasta 4 meses cuando resulte indispensable para la indagación de la verdad. Pueden ser ampliadas 4 meses adicionales, motivada en antecedentes del procesado y en circunstancias particulares. Ambas resoluciones son apelables para su confirmación o revocatoria por el superior en grado.



d. En materia de sobreseimiento

Hablar de sobreseimiento es hablar del archivamiento del proceso judicial.

El sobreseimiento, es una resolución judicial, en forma de auto, que produce la suspensión indefinida del proceso penal, o poner fin al mismo, impidiendo en ambos casos, mientras subsista la apertura del plenario o que se pronuncie sentencia.

El Sobreseimiento provisional pertenece a la paralización del proceso.



Los Modelos Procesales Penales en el Perú

Nº Detalle \ Modelo Modelo Procesal Anterior

Código de Procedimientos Penales ( CdPP) y Código Procesal Penal (CPP) Nuevo Modelo Procesal

Nuevo Código Procesal Penal (NCPP)

1. Proceso Penal Modelo Mixto

La existencia de la combinación en el Código de Procedimientos Penal de 1940, donde el modelo que predomina es el inquisitivo. Siendo que el modelo acusatorio garantista se ejemplifica en el Código Procesal Penal de 2004. Modelo Acusatorio

Otorga la titularidad de la persecución penal al Ministerio Público, obliga adecuar el proceso penal a la exigencia del artículo 159 inciso 5 de la Constitución Política del Perú que señala que el Ministerio Público le corresponde ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte.

2. Etapas del Proceso Penal Proceso Penal Sumario (2 etapas)

Sumario o instrucción y plenario o juicio

Proceso Penal Ordinario ( 3 Etapas)

Instrucción, intermedia y juzgamiento.

Procesos Especiales

Investigación Preparatoria, Etapa intermedia y Juzgamiento

3. Características principales Funciones de investigación y Juzgamiento dirigidas por el Juez Separación de la función de Investigación y juzgamiento.

4. Duración de la

Etapa de Instrucción Modelo Procesal Anterior / Investigación Preparatoria Modelo Procesal Actual Artículo 202 Código de Procedimientos Penales

Plazo de 4 meses

Ampliado a 60 días por pedido del Ministerio Público.

Cuando el proceso es complejo , existen pluralidad de procesados o agraviados el Juez de oficio puede ampliar hasta (08) meses. Articulo 342 del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) El plazo de la Investigación Preparatoria es de 120 días naturales. Sólo por causas justificadas, dictando la Disposición correspondiente, el Fiscal podrá prorrogarla por única vez hasta por un máximo de sesenta días naturales.

2. Tratándose de Investigaciones complejas, el plazo de la Investigación Preparatoria es

de 8 meses. La prórroga por igual plazo debe concederla el Juez de la Investigación Preparatoria.

3. Se considera proceso complejo involucra una cantidad importante de imputados o agraviados; d) investiga delitos perpetrados por imputados integrantes o colaborares de bandas u organizaciones delictivas y otros.



5. Sobreseimiento Resolución judicial que pone término al procedimiento penal (sobreseimiento definitivo) o bien, suspende o paraliza el proceso por ciertas y determinadas causales legales (sobreseimiento temporal). El sobreseimiento puede ser también, total o parcial dependiendo si refiere a todos o alguno de los imputados o delitos de un proceso. (arts. 250 , 252 y 255 C.P.P.). Sobreseimiento parcial Articulo 348 del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP).

Sobreseimiento parcial cuando sólo se circunscribe a algún delito o algún imputado, de los varios que

son materia de la disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria.

2. Si el sobreseimiento fuere parcial, continuará la causa respecto de los demás delitos o imputados que no los comprende.

Fuente: Código de Procedimientos Penales- Código Procesal Penal –Nuevo Código Procesal Penal



La etapa de instrucción así denominada en el Modelo procesal anterior dura igual que la etapa de instrucción en el modelo procesal actual implementado por el Nuevo Código Procesal Penal.

Es relevante mencionar, que para el caso de los procesos por los delitos contra la vida el cuerpo y la salud previstos en el Código Penal de 1924 y el Código Penal de 1991, considerados como violaciones a los derechos humanos, así como los delitos contra la humanidad previstos en el código penal de 1991. Se rigen por el modelo procesal anterior, conformado en su cuerpo procesal por el Código de Procedimientos Penales ( CdPP) y el Código Procesal Penal (CPP)

El Decreto Legislativo Nº1097 en su artículo 6º adelanta la vigencia de los artículos 344º al 348ª, así como el inciso 4º del artículo 352 del Código Procesal Penal, incorporando el procedimiento para sobreseimiento, la decisión del ministerio público (Art.344), el control de requerimiento del sobreseimiento, la audiencia de control de sobreseimiento (Art. 345), pronunciamiento del Juez de la investigación preparatoria (Art. 346), Auto de Sobreseimiento (Art.347) y sobreseimiento total y parcial (Art.348).

De verificarse el vencimiento del término de la instrucción, (Ver Tabla Nº 1 Nº 4 - Modelo Procesal Anterior), el órgano jurisdiccional que tenga en su poder el expediente principal dicta la correspondiente resolución de sobreseimiento parcial a favor de todos los encausados que hayan sufrido el exceso de plazo de la investigación . Es decir este inciso es mandatario y determina que el Juez debe dictar la resolución de sobreseimiento parcial.

En los casos que no se haya observado en exceso la etapa de instrucción se aplicará el control de sobreseimiento

Establece que el sobreseimiento parcial, no sobresee delitos sino a procesados con exceso de investigación penal.

e. Entrada en Vigencia de la de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad

Primera Disposición complementaria final del Decreto Legislativo N°1097 señala que precisa la vigencia de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, a partir del 09 de noviembre de 2003 in fine, termino innecesario para la legalidad de dicho decreto legislativo, ya que por técnica legislativa no debe redundar ni precisar algo que por merito del procedimiento constitucional de aprobación de tratados y convenios internacionales se ha cumplido a plenitud, ya que de acuerdo al artículo 56 de la Constitución Política del Perú, el Congreso de la República aprueba los Tratados internacionales, en merito del cual otorgó la Resolución Legislativa N°27998 , de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, queda aprobada dicha convención, y para su vigencia debe remitirse a lo señalado en la propia convención internacional que señala en su artículo VIII “1. La presente Convención entrará en vigor al nonagésimo día siguiente a la fecha en que haya sido depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el décimo instrumento de ratificación o de adhesión.

2.Para cada Estado que ratifique la presente Convención o se adhiera a ella después de haber sido depositado el décimo instrumento de ratificación o de adhesión la Convención entrará en vigor el nonagésimo días siguiente a la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión.”

Razón por la cual el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó el D.S. N°082-2003-RE ratificando dicha Convención.

En fecha 21 de agosto de 2003. Se pública en el Diario Oficial EL Peruano – Sección Convenios Internacionales, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley N°26647, comunica que la “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad” entrará en vigencia a partir del 9 de noviembre del 2009.

Asimismo existe el fundamento 15 de la Resolución del Tribunal constitucional del 23 de agosto de 2010, recaída en el expediente N°00018-2009-PI/TC que señala

“Que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad entró en vigor para el caso del Estado peruano el 9 de noviembre de 2003, esto es, luego de haberse realizado el procedimiento complejo de celebración y de la comunicación por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en el tratado, a fin de se publique la fecha de entrada en vigor, y consecuentemente, forme parte del derecho nacional (Diario Oficial “El Peruano del 21 de agosto de 2003 -Sección Convenios Internacionales-). Así pues, advirtiéndose que la demanda de inconstitucionalidad ha sido interpuesta con fecha 5 de junio de 2009, se tiene que el plazo prescriptorio de seis (6) meses para solicitar la inconstitucionalidad del tratado antes mencionado ha vencido en demasía, habiéndose producido la prescripción de la pretensión.”

Por tanto no constituye sentencia, ni fundamento que exhorte al Congreso para incorporar en la legislación nacional a partir de una ley.

En el Caso del Decreto Legislativo N°1097 es innecesaria la precisión realizada en la primera disposición complementaria y final de la citada norma, porque ya está regulado por el procedimiento de ratificación de tratados internacionales.

OBSERVACIONES

La defensoría del Pueblo se ha pronunciado con relación al Decreto Legislativo N°1097.

Donde señala que los delitos contra los derechos humanos son imprescriptibles. Exhorta a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República a realizar con la prioridad debida el control político previsto en el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República.

Intervendrá ante los órganos jurisdiccionales presentando informe técnicos en calidad de amicus curiae . Asimismo se encuentra analizando la posibilidad de presentar una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Para efectos procesales son normas excepcionales, ya que permiten incorporar el procedimiento de sobreseimiento del Nuevo Código Procesal Penal. A procesos del modelo procesal anterior.

miércoles, 29 de abril de 2009

Usos y costumbres en la Política y su influencia de Maquiavello


Juan Arana 
Abogado


Porque razón Cesar Borja fracaso en el intento de conquistar los reinos de Italia
Porque pese a hacer todo lo que un príncipe debiera hacer según Maquiavello, fallo porque pese a otorgarle elevados beneficios son perdonadas las injurias, porque se equivoco, y el papa que esperaba elegir no era el que el proyectaba su apoyo, muy por el contrario salio San Pedro Advincula , quien había sido ofendido por el.

César Borgia, llamado duque Valentino por el vulgo, adquirió el Estado con la fortuna de su padre, y con la de éste lo perdió, a pesar de haber empleado todos los medios imaginables y de haber hecho todo lo que un hombre prudente y hábil debe hacer para arraigar en un Estado que se ha obtenido con armas y apoyo ajenos.El príncipe nuevo que crea necesario defenderse de enemigos, conquistar amigos, vencer por la fuerza o por el fraude, hacerse amar o temer de los habitantes, respetar y obedecer por los soldados, matar a los que puedan perjudicarlo, reemplazar con nuevas las leyes antiguas, ser severo y amable, magnánimo y liberal, disolver las milicias infieles, crear nuevas, conservar la amistad de reyes y príncipes de modo que lo favorezcan de buen grado o lo ataquen con recelos; el que juzgue indispensable hacer todo esto, digo, no puede hallar ejemplos más recientes que los actos del duque. Sólo se lo puede criticar en lo que respecta a la elección del nuevo pontífice, porque, si bien no podía hacer nombrar a un papa adicto, podía impedir que lo fuese este o aquel de los cardenales, y nunca debió consentir en que fuera elevado al Pontificado alguno de los cardenales a quienes había ofendido o de aquellos que, una vez papas, tuviesen que temerle. Pues los hombres ofenden por miedo o por odio. todos los demás, si llegados al solio, debían temerle, salvo el cardenal de Amboise dado su poder, que nacía del de Francia, y los españoles ligados a él por alianza y obligaciones reciprocas. Por consiguiente, el duque debía tratar ante todo de ungir papa a un español, y, a no serle posible, aceptar al cardenal de Amboise antes que el de San Pedro Advíncula. Pues se engaña quien cree que entre personas eminentes los beneficios nuevos hacen olvidar las ofensas antiguas. Se equivocó el duque en esta elección, causa última de su definitiva ruina.
Vease la obra "El Principe" Resumida http://docs.google.com/Doc?docid=ddpkpv2b_0gw6k7dgk&hl=en

Aspectos de Teoría Politica y su influencia en el quehacer parlamentario

Juan Arana 
Abogado Especialista en Temas Legislativos
APUNTES SOBRES LAS TEORÍAS POLÍTICAS DE LA EDAD MEDIA

Otto von GIERKE

1. Evolución de la teoría política

La esencia del orden social humano
Hasta el siglo XIII no se tuvo una doctrina definida de Derecho Público. A partir de entonces, la teoría política es desarrollada y se le considera la primera filosofía independiente del Derecho y del Estado.

Este resultado se debió a la colaboración de varias ciencias: la teología, la filosofía escolástica, la historia política y las tesis de los iuspublicistas prácticos con la Jurisprudencia profesional.

A pesar de las diferencias iniciales, la ciencia medieval conservó un alto grado de unidad y generalidad, compartiendo una visión común del Universo y dispuestos a crear un patrimonio espiritual transmitido e incrementado en común.

Proponen un sistema de elementos de diferente origen para la formulación científica del conjunto de la teoría. Sumándose el material jurídico-positivo contenido en el derecho romano, en el canónico y en la legislación de los Emperadores medievales sobre el Imperio y la Iglesia, consideradas como normas válidas para todos los tiempos.

Complementan las diversas tendencias científicas con diversos métodos de tratamiento de todo ese material. Y así, pese a la multiplicidad de sus fuentes y afluentes la doctrina medieval del Estado y de la sociedad discurría en una misma dirección.

El conflicto surge entre el pensamiento propiamente medieval y el pensamiento antiguo-moderno. El primero culminaba en la idea de una comunidad instituida por el mismo Dios, que comprendía toda la humanidad. Fueron los antiguos conceptos de Estado y de Derecho los que contribuyeron a la disolución del pensamiento medieval.

El avance del pensamiento antiguo-moderno es incontenible y la historia de las teorías políticas de la Edad Media es la historia de la formulación teórica del sistema medieval de sociedad y la historia de la génesis de la construcción del pensamiento iusnaturalista. Aparece la tendencia partidaria del absolutismo papal, la Jurisprudencia romanista y los argumentos a favor del absolutismo imperial. Este movimiento es impulsado por la polémica literaria surgida en Francia y Alemania a principios del siglo XIV sobre las relaciones entre Iglesia y Estado.

Finalmente el Humanismo trastoca las formas de la Edad Media y surge una tendencia hacia la Antigüedad que desplaza por completo nociones germánicas de Estado y de Derecho.

La influencia del derecho corporativo sobre la teoría política es evidente puesto que el primero proporcionó a la teoría del Estado sus elementos propiamente jurídicos.

II.- Macrocosmos y microcosmos

El pensamiento político medieval parte de la totalidad pero valora la unidad parcial, incluido el individuo. Su característica peculiar es que concibe al Universo como un único todo articulado, y a cada ser colectivo o individual a la vez, como parte determinada por el fin del Universo y como todo menor dotado de fin propio y establecida por el mismo Dios, resaltando así la idea de teocracia.

Consideran que la armonía divina instituida por Dios impregna el Universo en su conjunto y así la teoría de la sociedad ha de tomar al organismo universal creado por Dios como prototipo de los principios supremos que rigen la constitución de los grupos humanos.

III.- Unidad en Iglesia y Estado

El principio de unidad es el principio constitutivo del Universo. Dios es el ser esencialmente unitario, es fuente y fin de todo ser, La unidad es la raíz de todo y también de la existencia social.

En la Edad Media, la Cristiandad, con destino idéntico al de la humanidad surge como una comunidad única y universal, fundada y dirigida por el mismo Dios. Sin embargo, paralelamente a la idea de una sola comunidad universal de la humanidad, la Edad Media, acepta la división de esta comunidad en dos órdenes organizados de vida, espiritual y temporal. Se ha admitido que a la dualidad de naturaleza y destino del hombre corresponden dos órdenes separados. El conflicto de esta dualidad y la exigencia de una unidad inician las conversaciones sobre la relación entre Iglesia y Estado.

Teoría de la jerarquía eclesiástica: soberanía de la Iglesia:
El bando eclesiástico defiende la soberanía del poder espiritual. Con Gregorio VII se reclama inserción de todo orden estatal en el organismo de la Iglesia. Así el poder papal sobre los asuntos temporales se apoya en el argumento de la unidad. La Iglesia como único Estado verdadero ha recibido por mandato divino la plenitud de la autoridad temporal y espiritual. El Papa, representante de Cristo, es el titular de lo que en su origen es un principado unitario sobre la comunidad de los mortales.

Por mandato divino deben estar separados el poder espiritual y el temporal. La cristianad prohíbe que el titular de la plenitud suprema ataque con la espada temporal, a los sacerdotes está reservada la parte más digna del poder eclesiástico. La parte temporal se deja en manos menos dignas. Hay la separación entre sacerdotium y regnun y también la existencia del Estado secular. Es el Estado de naturaleza terrenal y no celestial como la Iglesia. Para que el Estado sea santificado por la autoridad de la Iglesia recibe de ésta el poder temporal, su verdadero ser y el Emperador y los reyes su derecho a gobernar. Por ello, todo el Derecho secular (leges) tiene fijada su competencia y marcados sus límites por el Derecho espiritual (canones).

El Emperador recibe su oficio sólo mediatamente de Dios y de forma inmediata de la cabeza de la Iglesia (dos espadas) por lo que corresponde al Papa la supervisión, dirección y corrección de todos los actos de gobierno. Aunque debe evitar toda intervención directa en lo terrenal. Puede retirar y conferir el imperium, mediando justa causa a pueblos e individuos.

Y así se hace derivar del ius divinum una constitución ideal para la humanidad que satisface el postulado de unidad por encima de la dualidad mediante la soberanía universal de la Iglesia. Pocos intentaron cambiar esta teoría a favor del poder temporal y con ello la soberanía del Imperio sobre la Iglesia.

La doctrina medieval partidaria del Estado permanece fiel a la antigua teoría eclesiástica según la cual Iglesia y Estado son dos poderes coordinados entre sí y separados de raíz. Reclama para el poder temporal una autoridad propia e independiente de los canones eclesiásticos. Al hacer depender de Dios y no de la Iglesia al imperium y al sacerdotium.

Sin embargo, los propios autores partidarios del Estado están de acuerdo con la idea de unidad de la comunidad humana. A la vez consideran que el sacerdotium y el imperium no representan sino una sola función vital del cuerpo social y es preciso que se unan en concordia armoniosa. De esto se deduce la subordinación del Estado a la Iglesia en lo espiritual y de la Iglesia al Estado en lo temporal así como que cada uno de los poderes puede y debe en caso de necesidad asumir funciones consideradas ajenas.

La unidad del poder temporal. Imperialismo:
En la esfera temporal, la Edad Media deduce del principio de unidad de la humanidad el carácter necesario y divino del Imperio Universal. Pero a esta construcción del todo social se opone cada más una tendencia centralizadora, primero en la esfera eclesiástica y pronto también en la estatal. El concepto antiguo-moderno de la unidad del Estado como concentración absoluta y exclusiva de la vida colectiva surge lentamente de la doctrina medieval y debilita el sistema del pensamiento medieval.


IV. LA IDEA ORGÁNICA

Si el pensamiento medieval parte de la idea de un todo unitario, una concepción organicista de la sociedad le es próxima y le resulta ajena una construcción atomista y mecanicista.
La humanidad como organismo. Constituye un cuerpo místico, cuya cabeza es Cristo.

V.- LA IDEA DE LA MONARQUIA

La idea de la monarquía dominaba el modo de pensar del medioevo, en contraste con la Antigüedad.
La Edad Media considera al Universo mismo como un único reino y a Dios como su monarca. De Dios procede el establecimiento de la autoridad espiritual y temporal como instituciones permanentes. Dios otorga todo el poder y usa como simples instrumentos a los electores y otros constituyentes humanos. Todas las facultades delegadas por los supremos titulares del poder conferido por Dios pueden ser consideradas en último término como emanaciones del gobierno divino del mundo. Se declara a la monarquía como la mejor forma de gobierno y de ello concluyen su excelencia para la Iglesia y el Estado. Se apoyan en el razonamiento filosófico relativo a la esencia de todo grupo. Esto es, que si la esencia del organismo social reside en la unidad, y que esta unidad debe ser representada por una parte gobernante, esta tarea puede ser cumplida de forma óptima por aquélla que sea en sí una (per se unum) y consiguientemente por un individuo gobernante.

La monarquía en la Iglesia y el Estado:
De la preferencia por la monarquía se infiere que en la Iglesia, cuya constitución emana directamente de Dios, existe necesariamente un régimen monárquico en virtud del Derecho divino, por ser la mejor de las constituciones. Del mismo modo, la teoría de que el Imperio fue también querido por Dios, instituida por ÉL.

Comparaciones de las formas de gobierno:
Surgen también las ideas aristotélicas de las formas de gobierno republicanas y las controversias sobre sus ventajas y condiciones que amenazaron al derecho divino de la monarquía, sosteniéndose que ninguna forma de gobierno es más divina que otra y que la preferencia por la monarquía es sólo relativa y que las constituciones republicanas pueden ser más adecuadas.
En el siglo XIV se afirma con decisión que el argumento de la unidad no inclina necesariamente a favor de la monarquía porque la unitas principatus es igualmente necesaria y posible en la república.

La posición del monarca:
Las doctrinas combinan y enfrentan el pensamiento medieval y el antiguo-moderno. En las primeras se ve en todo señorío un oficio personal derivado de Dios. Exalta la persona del gobernante. Es portador de un poder que le llega de fuera y de arriba, se le contrapone a la colectividad y es elevado por encima de ésta. Se concede al gobernante una cuasi divinidad. La relación entre el monarca y la colectividad es concebida como una que implica derechos y deberes recíprocos. Uno y otro son sujetos políticos y su unión compone un todo orgánico. Todo señorío no sólo es un derecho sino en primer lugar, un deber. Un cargo público es un servicio prestado al cuerpo colectivo.
Por ello, el poder del gobernante no es absoluto, sino limitado. Su misión es lograr el bien común, la paz y la justicia así como la libertad. Cualquier trasgresión degenera en tiranía. Toda orden que exceda los límites de su competencia es nula y no vinculante para sus súbditos y da derecho a una resistencia, incluso violenta.

La idea de soberanía:
Junto con la idea del oficio del gobernante aparece en el siglo XII el germen de la teoría de la soberanía, al ser el gobernante titular de una absoluta plenitud de poder cuyo contenido no precisa explicación alguna. No obstante, durante la Edad Media este concepto permanece vinculado a la idea de oficio y su aparición provoca creciente oposición que acentúa más los derechos de la colectividad hasta llegar a la teoría de la soberanía del pueblo.

Soberanía del Papa y del Emperador:
Se produjo un movimiento progresivo que negaba al Papa cualquier poder en asuntos temporales además que en los espirituales le concedían un poder limitado. Del mismo modo al Emperador, además de un derecho condicionado al cumplimiento del deber.

Limitación de la monarquía:
La doctrina del derecho de la colectividad desarrolla lo elementos de limitación a la idea medieval de monarquía. Así la Edad Media desarrolla sólidos límites jurídicos al poder estatal, confinando al monarca con ello, a pesar de que se considere que reúna en su persona la totalidad del poder del Estado.
Abril 2009. un agradecimiento especial a la Dra. Martha Chirinos

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